El Diagnóstico
En un país que ha tenido colegiación obligatoria para las profesiones sanitarias (salvo en contadas excepciones autonómicas que la Justicia ya ha corregido), y que gasta entre 60.000 y 200.000 euros en formar, por poner un ejemplo, a un médico, no se comprendía cómo no había un registro que hiciera una fotografía real de los recursos humanos de los que dispone su Sistema Nacional de Salud (SNS). Un disparate que ha llevado a formar profesionales y a crear plazas MIR o EIR a ojo de buen cubero, según el aire que percibían las comunidades autónomas en muchos casos, pero sin conocer realmente qué especialidades eran deficitarias o en cuáles había excedente. Ahora, con el decreto del registro de profesionales recién estampado este jueves en papel oficial, se abre una nueva perspectiva.
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