La Administración regional pasó de tener 35.792 a 34.744 efectivos el año pasado y sólo Justicia escapó a la reducción de personal
Es bien sabido que la función pública lleva mucho tiempo, mucha crisis, en el punto de mira del Gobierno central. Al menos, en lo que a aplicar medidas de ahorro y ajustes se refiere. No es de extrañar, pues, que las listas de personal hayan comenzado a reflejar los efectos de unos ajustes que dejarán muchas más cicatrices a lo largo de 2013 y 2014. De momento y según los datos del Principado, sólo la Administración regional ya registró el año pasado una reducción de más de mil trabajadores. Para ser exactos, perdió 1.048 empleos públicos a lo largo de 2012. Y, a falta de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publique los datos definitivos del pasado ejercicio, la Encuesta de Población Activa (EPA) cifra en 1.500 la pérdida total de trabajadores en el sector público de la región. Según sus cifras, que incluyen además de a los asalariados del Principado a los que dependen del Estado y de los ayuntamientos asturianos, Asturias ha pasado de contar con 75.800 efectivos a 74.300.
Si bien es cierto que los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística a través de la EPA suelen diferir de los que finalmente presenta el Ministerio de Administraciones Públicas -los primeros responden a una encuesta muy representativa y los segundos a un registro-, la tendencia es similar. El hecho de que el Principado haya confirmado ya la reducción de un millar de trabajadores no abre demasiadas puertas al optimismo.
De los empleados que ha perdido el Principado, 647 trabajaban en las distintas consejerías y en los órganos auxiliares de la Administración regional; 367, en docencia no universitaria, y 146 se agrupaban en las instituciones sanitarias. Justicia, no obstante, se convirtió en la excepción que confirma la regla y ganó 144 empleados, aligerando la pérdida y limitando la rebaja a 1.048 trabajadores.
Si bien es cierto que los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística a través de la EPA suelen diferir de los que finalmente presenta el Ministerio de Administraciones Públicas -los primeros responden a una encuesta muy representativa y los segundos a un registro-, la tendencia es similar. El hecho de que el Principado haya confirmado ya la reducción de un millar de trabajadores no abre demasiadas puertas al optimismo.
De los empleados que ha perdido el Principado, 647 trabajaban en las distintas consejerías y en los órganos auxiliares de la Administración regional; 367, en docencia no universitaria, y 146 se agrupaban en las instituciones sanitarias. Justicia, no obstante, se convirtió en la excepción que confirma la regla y ganó 144 empleados, aligerando la pérdida y limitando la rebaja a 1.048 trabajadores.
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