Un viernes más, los emplead@s públic@s saldremos a la calle para hacer oír nuestro grito contra los recortes y agresiones que, en nombre de la crisis, están recibiendo los servicios públicos y quienes trabajamos en ellos.
Pero también NOS MANIFESTAREMOS EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE MANIFESTACIÓN, y en esta defensa denunciamos la injusticia que supone que un compañero tenga una propuesta de sanción de hasta 300 euros por “alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en espacios públicos”, por denuncia de la policía tras la movilización del viernes 7 de diciembre de 2012. El mismo día en el que, en una jornada de puertas abiertas, otras diez compañeras y compañeros fueron identificados por el grave delito de leer en voz alta en el hemiciclo de la Junta General del Principado artículos de una Constitución secuestrada por la élite política, en la que derechos como el trabajo, la vivienda, la negociación colectiva, el acceso libre a la justicia, a la sanidad o a la educación se han convertido en papel mojado.
Llevaremos tod@s la boca tapada con una cinta negra y se recogerán firmas de apoyo para presentar en la Delegación del Gobierno.
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