Cinco comunidades tienen una gran presion desde diferentes ámbitos para reducir la jornada
Sergio López. Madrid
Las 37,5 horas semanales comienzan a tener –y valga el juego de palabras– las horas contadas. Dos comunidades autónomas, País Vasco y Castilla-La Mancha, ya han devuelto a sus funcionarios la jornada de 35 horas semanales, mientras que en otras comunidades autónomas se incrementa la presión sobre sus respectivos Gobiernos para que se sigan ese camino. Incluso el PP, partido que impuso el aumento horario desde el Gobierno central, se ha rebelado y ha pedido abiertamente su fin en Andalucía y Asturias.
Para Catalina García, diputada popular en el parlamento andaluz, las 35 horas entran, como las pagas extra en el capítulo de derechos que hay que devolver a los funcionarios. “Estamos a favor de hacer una propuesta al Gobierno central para reducir las 35 horas”, dijo en sede parlamentaria.
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