Los profesionales rechazan que la distribución se aplique de forma arbitraria en función de las necesidades asistenciales
Cristina Mouriño. Madrid
En diciembre de 2011, el Gobierno central acordó ampliar la jornada laboral en la administración pública a 37,5 horas semanales. Tres años después, su aplicación en el sector sanitario se ha encontrado, en casi la mayoría de las comunidades, con trabas en cuanto a su aplicación, motivadas, en parte, por el rechazo de los profesionales a que ésta obedezca a una distribución arbitraria en función de las necesidades asistenciales de los centros.
Fuentes consultadas por Redacción Médica han destacado que el desarrollo de las 2,5 horas de más que tienen que hacer ahora los profesionales ha encontrado su mayor escollo en la Atención Especializada, donde se distribuye ese tiempo de más con prolongaciones de jornada, en muchas ocasiones haciendo horas por las tardes que computan como jornada ordinaria, algo que los profesionales no ven con buenos ojos.
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