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lunes, 11 de febrero de 2013

¿De quién dependerá... la dependencia?

  • Crecen las asignaciones para que el dependiente pague el servicio fuera del sistema público

  • Algunos ven en ello un paso hacia la privatización

  • Las aseguradoras quieren participar

Privatizar. La palabra de la polémica, las pancartas y las manifestaciones; la que unos conjuran y otros enarbolan, ha llegado al sistema de la dependencia. No alcanza aún el eco conseguido en la sanidad pública, pero no son pocos los que alertan de que se está desvirtuando el espíritu de un sistema que nació público y universal. Los que avisan de ello empezaron a ver las orejas al lobo en algunas declaraciones de los actuales responsables gubernamentales, como las del secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, hace unos meses, recogidas por la agencia Efe: “Queremos derivar gran parte de la actividad hacia el sector empresarial porque es lo sensato, hay muchas empresas que se dedican a ello, es un sector maduro que hace un magnífico trabajo”. Se trataba, repetía entonces, de hacer “sostenible” el sistema.
El sector empresarial siempre ha estado presente en este ámbito. Servicios como los de residencias geriátricas, centros de día o ayuda a domicilio son ofrecidos por empresas privadas, aunque lo paga el Estado y el propio beneficiario. Y no hay mucho que objetar a ello, casi nadie niega que esta colaboración público-privada es adecuada. La propia redacción de la ley recoge que los cuidados en casa solo se pagarían de forma excepcional, cuando los servicios profesionales no estuvieran al alcance. A pesar de ello, en los pocos años que lleva el sistema en marcha, desde 2007, se han concedido más pagas para los cuidadores familiares que prestaciones para abonar estos servicios fuera del hogar. El Gobierno actual se propuso revertir esa situación. ¿Se refería a eso Moreno con aquella frase en Sevilla? Parece claro que sí, pero el resultado, dice la oposición, está muy lejos del deseado. “Lo que ahora nos están ofreciendo es un cheque-servicio, y todo el mundo sabe lo que significa eso, privatizar el sistema”, dice la consejera asturiana de Bienestar Social, Esther Díaz.

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