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miércoles, 25 de abril de 2012

Temor a que la restricción de asistencia a los ilegales colapse las urgencias y cree conflictos


Los inmigrantes irregulares dejarán de recibir asistencia gratuita, salvo casos perentorios

Los recortes aplicados a la sanidad pública española con el fin de ahorrar 7.000 millones de euros fueron publicados ayer en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) con algunas novedades sobre los detalles que hasta el momento habían trascendido. El contenido más controvertido del real decreto es el referido a la atención a los inmigrantes ilegales, los cuales se quedarán sin tarjeta sanitaria el próximo 1 de septiembre. A partir de entonces, únicamente serán atendidos en determinadas situaciones de urgencia. Según el Ministerio de Sanidad, la anunciada modificación de la Ley de Extranjería que los dejará sin el citado documento no se aplicará a niños y mujeres embarazadas, cuya asistencia seguirá estando garantizada. Los médicos de los servicios de urgencias pronostican que las nuevas restricciones aumentarán la frecuentación de este tipo de unidades hasta colapsarlas y convertirlas en una fuente de conflictos.

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